PARECE QUE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CORRESPONDE AL ÁREA PENAL, PERO, SI LO PRETENDIDO ES QUE LA FISCALÍA INDEMNICE, ENTRA EL DERECHO ESTATAL A DECIDIR.
LA FISCALÍA ES UNA ENTIDAD PÚBLICA POR ESO CUANDO SE LE DEMANDA, CORRESPONDE LA CONTROVERSIA A LA JURISDICCIÓN ESTATAL, ES DECIR, A LOS JUECES Y MAGISTRADOS ADMINISTRATIVOS (NO A LOS PENALES), SE DEBE TENER EN CUENTA VARIOS REQUISITOS COMO: LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA (ESTO SIGNIFICA QUE EL AFECTADO DIRECTO ES EL ÚNICO QUE PUEDE INICIAR LA DEMANDA), SIN EMBARGO, LAS PERSONAS CERCANAS AL AFECTADO TAMBIÉN DEBEN SER INDEMNIZADAS. (PADRES, HERMANOS, ESPOSA, ETC.)
OTRO DE LOS REQUISITOS QUE SE DEBE CUMPLIR, ES EL DE LA CADUCIDAD O LA EXTINCIÓN, PUES SI NO SE EJERCE EL DERECHO EN EL PERIODO LEGAL SE PUEDE EXTINGUIR POR EL PASO DEL TIEMPO.
LAS PRUEBAS DOCUMENTALES SON FUNDAMENTALES, CONTAR CON LAS ORDENES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EXPEDIDAS, LA RESOLUCIÓN DE PRECLUSIÓN A FAVOR O LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INOCENCIA, AYUDA AL ÉXITO DE LO QUE SE PRETENDE. SE DEBE DEMOSTRAR QUE EL ENCARCELAMIENTO FUE DESPROPORCIONADO.
EN LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS SE PUEDE SOLICITAR EL DAÑO EMERGENTE COMO LOS GASTOS DE ABOGADO, EL LUCRO CESANTE POR EL DINERO DEJADO DE RECIBIR Y LOS PERJUICIOS MORALES QUE SON DIFÍCILES DE CUANTIFICAR, YA QUE, NO ES FÁCIL COLOCAR UN PRECIO AL SUFRIMIENTO DE UNA ESPOSA (AUNQUE HOY EN DÍA EXISTEN CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS DAÑOS MORALES), POR ESO EN ESTOS CASOS SE LLEGAN A OBSERVAR PRETENSIONES DE MILES DE MILLONES DE PESOS, EN REALIDAD SON CONDENAS QUE VERDADERAMENTE LESIONAN EL PATRIMONIO ESTATAL.
SIN MENCIONAR QUE LAS PERSONAS QUE DENUNCIARON TAMBIÉN PUEDEN SER OBJETO DE UNA CONTRA DENUNCIA SI EL PROCESADO ES ABSUELTO, POR ESO NO ES FÁCIL DENUNCIAR Y PRIVAR DE LA LIBERTAD A UNA PERSONA.
ASESORÍA LEGAL
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